Trump ampliará represión contra la inmigración en 2026 a pesar de reacciones adversas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para tomar medidas más agresivas contra la inmigración en 2026 con miles de millones en nuevos fondos, incluyendo redadas en más lugares de trabajo, incluso mientras aumenta el rechazo antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Trump ya ha enviado agentes de inmigración a las principales ciudades de Estados Unidos, donde han recorrido barrios y se han enfrentado a los residentes. Si bien los agentes federales realizaron este año algunas redadas de alto perfil en empresas, evitaron en gran medida las redadas en granjas, fábricas y otras empresas que son económicamente importantes pero que se sabe que emplean a inmigrantes sin estatus legal.

El ICE y la Patrulla Fronteriza recibirán 170,000 millones de dólares en fondos adicionales hasta septiembre de 2029, lo que supone un enorme aumento de la financiación con respecto a sus actuales presupuestos anuales de unos 19,000 millones de dólares, después de que el Congreso, controlado por los republicanos, aprobó en julio un paquete de gasto masivo.

Funcionarios del Gobierno dicen que planean contratar a miles de agentes más, abrir nuevos centros de detención, recoger a más inmigrantes en las cárceles locales y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.

La ampliación de los planes de deportación se produce a pesar de las crecientes señales de reacción política adversa antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Miami, una de las ciudades más afectadas por la represión de Trump debido a su gran población inmigrante, eligió a su primer alcalde demócrata en casi tres décadas la semana pasada en lo que el alcalde electo dijo que era, en parte, una reacción al presidente. Otras elecciones locales y sondeos han sugerido una creciente preocupación entre los votantes recelosos de las tácticas agresivas contra la inmigración.

"La gente está empezando a ver esto ya no como una cuestión de inmigración, sino como una violación de los derechos, una violación del debido proceso y una militarización extraconstitucional de los barrios", dijo Mike Madrid, un estratega político republicano moderado. "No hay duda de que es un problema para el presidente y los republicanos".

El índice de aprobación general de Trump sobre la política de inmigración cayó del 50% en marzo, antes de que lanzara medidas enérgicas en varias ciudades importantes de Estados Unidos, al 41% a mediados de diciembre, en lo que había sido su tema más fuerte.

El creciente malestar público se ha centrado en agentes federales enmascarados que utilizan tácticas agresivas como el despliegue de gases lacrimógenos en barrios residenciales y la detención de ciudadanos estadounidenses.

Las cifras explotarán

Además de ampliar las medidas coercitivas, Trump ha despojado a cientos de miles de inmigrantes haitianos, venezolanos y afganos de su estatus legal temporal, ampliando el grupo de personas que podrían ser deportadas mientras el presidente promete expulsar a un millón de inmigrantes cada año, un objetivo que casi con toda seguridad incumplirá este año. Hasta ahora, unos 622,000 inmigrantes han sido deportados desde que Trump asumió el cargo en enero.

El jefe de política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo a Reuters que Trump había cumplido su promesa de llevar a cabo una operación de deportación histórica y expulsar a los delincuentes al tiempo que ponía fin a la inmigración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Homan dijo que el número de detenciones aumentará considerablemente a medida que el ICE contrate a más agentes y amplíe la capacidad de detención con la nueva financiación.

"Creo que van a ver que las cifras se disparan enormemente el año que viene", dijo Homan.

Homan dijo que los planes incluyen "absolutamente" más acciones de aplicación de la ley en los lugares de trabajo.

Sarah Pierce, directora de política social en el grupo de centro-izquierda Third Way, dijo que las empresas estadounidenses se han mostrado reacias a oponerse a la represión de la inmigración de Trump en el último año, pero podrían verse impulsadas a hablar si el foco se vuelve hacia los empleadores.

Pierce dijo que será interesante ver "si las empresas finalmente se enfrentan a esta administración o no".

Trump, un republicano, recuperó la Casa Blanca prometiendo niveles récord de deportaciones, diciendo que era necesario después de años de altos niveles de inmigración ilegal bajo su predecesor demócrata, Joe Biden.

Dio el pistoletazo de salida a una campaña que envió agentes federales a ciudades de Estados Unidos en busca de posibles infractores de la ley de inmigración, lo que desató protestas y demandas por el uso de perfiles raciales y tácticas violentas.

Algunos negocios cerraron para evitar las redadas o por falta de clientes. Los padres vulnerables a las detenciones no llevaron a sus hijos al colegio o pidieron a sus vecinos que los acompañaran. Algunos ciudadanos estadounidenses empezaron a llevar pasaportes.

A pesar del enfoque en los delincuentes en sus declaraciones públicas, los datos del gobierno muestran que la administración Trump ha estado arrestando a más personas que no han sido acusadas de ningún delito más allá de sus supuestas violaciones de inmigración que las administraciones anteriores.

Alrededor del 41% de las aproximadamente 54,000 personas arrestadas por ICE y detenidas a finales de noviembre no tenían antecedentes penales más allá de una presunta violación de inmigración, según muestran las cifras de la agencia. En las primeras semanas de enero, antes de que Trump asumiera el cargo, solo el 6% de los arrestados y detenidos por ICE no se enfrentaban a cargos por otros delitos o habían sido condenados previamente.

La administración Trump también ha apuntado a los inmigrantes legales. Los agentes han detenido a cónyuges de ciudadanos estadounidenses en sus entrevistas para obtener la tarjeta verde, han sacado a personas de ciertos países de sus ceremonias de naturalización, momentos antes de que se convirtieran en ciudadanos, y han revocado miles de visados de estudiante.

Planes dirigidos a los empleadores

Los planes de la administración de centrarse en los lugares de trabajo el año que viene podrían generar muchas más detenciones y afectar a la economía estadounidense y a los empresarios de tendencia republicana.

Reemplazar a los inmigrantes arrestados durante las redadas en los lugares de trabajo podría provocar un aumento de los costos laborales, lo que socavaría la lucha de Trump contra la inflación, que los analistas esperan que sea un tema importante en las elecciones de noviembre, que determinarán el control del Congreso.

Funcionarios de la Administración a principios de este año eximieron a este tipo de empresas de la aplicación de las órdenes de Trump, para luego dar marcha atrás rápidamente, según informó Reuters en su momento.

Algunos partidarios de la línea dura en materia de inmigración han pedido una mayor aplicación de la ley en el lugar de trabajo.

"Eventualmente vas a tener que ir tras estos empleadores", dijo Jessica Vaughan, directora de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, que respalda niveles más bajos de inmigración. "Cuando eso empiece a ocurrir, Los empleadores empezarán a corregir sus malas prácticas por sí mismos".