Estados Unidos concretó su retiro oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y puso fin a un vínculo de casi ocho décadas por discrepancias sobre el manejo de la pandemia. La Casa Blanca comunicó la medida definitiva tras un año de tensiones diplomáticas y acusaciones cruzadas con el organismo sobre la falta de reformas internas y la influencia política de otros miembros en la toma de decisiones sanitarias. El gobierno norteamericano cerró así su participación en la agencia de Naciones Unidas en medio de una crisis de salud global.
El presidente Donald Trump fundamentó la retirada a través de una orden ejecutiva emitida poco después de asumir su cargo. El mandatario señaló el mal manejo del COVID-19 por parte de la institución como una causa central de la decisión. También apuntó contra la incapacidad de la agencia para demostrar independencia de la influencia política de los Estados miembros, reclamó reformas urgentes y denunció el fracaso del organismo en su implementación.
Otro punto de conflicto radica en la nacionalidad de los líderes históricos de la entidad, ya que ninguno de los nueve directores ejecutivos desde la creación del ente en 1948 provino de Estados Unidos. Los funcionarios de Washington califican de injusta esta situación ante el volumen de aportes económicos y de personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
El aspecto económico juega un papel determinante en la tensión bilateral. La organización internacional acusa a Estados Unidos de mantener una deuda superior a los 130 millones de dólares al momento de la salida. Washington figura históricamente como uno de los principales donantes de la agencia y su retiro implica un golpe a las finanzas del sistema de salud global.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos detalla los montos involucrados en la membresía. El país abona un promedio de 111 millones de dólares anuales en concepto de cuotas obligatorias y a esa cifra se suman alrededor de 570 millones adicionales en contribuciones voluntarias por año. Estados Unidos también puso a disposición cientos de empleados con experiencia especializada en salud pública para asistir en misiones alrededor del mundo.
La institución sanitaria de las Naciones Unidas enfrentó críticas severas por su desempeño técnico durante la emergencia global reciente. El organismo cometió errores costosos durante la crisis del coronavirus, al recomendar en una etapa temprana que las personas no usaran mascarillas como medida de protección, una directriz que luego debió modificar.
Asimismo, la agencia también sostuvo inicialmente que el COVID-19 no se transmitía por el aire, una postura que tiempo más tarde debió revertir. La entidad es responsable de coordinar la respuesta a amenazas globales como la viruela símica, el ébola y la polio, además de establecer directrices para cientos de condiciones médicas.
Estados Unidos cesó su participación oficial en comisiones auspiciadas por la entidad internacional, organismos de liderazgo y grupos de trabajo técnicos. El retiro incluye al grupo encargado de evaluar la circulación de cepas de influenza a nivel mundial. Este comité toma decisiones críticas sobre la actualización y composición de las vacunas contra la gripe.
El país ya no forma parte del intercambio global de información sobre la influencia. Las decisiones sobre inmunización se basan en estos datos compartidos. Ese tipo de inteligencia sobre enfermedades ayuda a ubicar a los estadounidenses “al frente de la línea” ante nuevos brotes. La falta de acceso a estos datos obstaculiza la capacidad de científicos y empresas farmacéuticas para desarrollar fármacos y salvar vidas.
La retirada genera preocupación entre los especialistas y académicos sobre la seguridad sanitaria del planeta. Funcionarios del propio gobierno estadounidense admiten la existencia de problemas pendientes de resolución tras la ruptura, como la pérdida de acceso a datos de otros países para obtener advertencias tempranas sobre nuevas amenazas.
Lawrence Gostin, experto en derecho de salud pública de la Universidad de Georgetown, alertó sobre los efectos negativos de la medida: “En mi opinión, es la decisión presidencial más desastrosa que haya visto”. Los expertos sostienen que la ausencia de Washington paralizará iniciativas críticas como los esfuerzos para erradicar la polio y los programas de salud materna e infantil. El doctor Ronald Nahass, presidente de Infectious Diseases Society of America, calificó la medida oficial de “equivocada” e “imprudente”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
