Juan Avellaneda, un nombre ignoto a nivel público entre los referentes del mundo sindical, quedó en otra posición desde que fue estampado en el Anexo II de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), con la que el Gobierno dispuso la intervención del puerto de Ushuaia y habilitó solo a un grupo de trabajadores a ingresar a la terminal.

Jefe de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, Avellaneda es quien quedó a cargo de toda la operación del puerto de Ushuaia y quien oficia como enlace con el gobierno nacional, que maneja la intervención a través de la autoridad portuaria, que tiene como titular a Iñaki Arreseygor, quien lo posicionó como mandamás.

En el anexo de la resolución 4/2026, el Gobierno dispuso que Avellaneda junto a otros 19 trabajadores sean los únicos habilitados para entrar al puerto y tomar funciones, de un total de alrededor 150 empleados que allí se desempeñan, en base a cálculos de fuentes sindicales consultadas por este medio.

Pero Avellaneda no fue un jugador más antes de la intervención y tampoco vio pasar el conflicto de costado. Trabajador de larga data en el puerto, por el contrario, fue él mismo quien hizo la denuncia que derivó en que el Gobierno activara medidas de control sobre la administración de la Dirección Provincial de Puertos, que derivaron luego en la intervención y en su designación como hombre fuerte de la terminal sureña.

¿Interés geopolítico?

Mientras todavía en la Casa Rosada no expresan qué harán cuando la intervención termine (de acá a un año), ante la consulta de LA NACION sobre si no había un interés geopolítico detrás del procedimiento, una altísima fuente del Gobierno hizo unos segundos de silencio y después insistió: “Tuvimos que tomar cartas en el asunto porque había un desfalco y problemas administrativos”.

En los considerandos de la resolución que dispuso la intervención, la Casa Rosada mencionó la presentación que hizo Avellaneda como eje de las sospechas sobre los supuestos desmanejos que habría en el puerto. El gobernador Gustavo Melella se mostró indignado con la medida de la gestión de Javier Milei, negó las acusaciones en X y señaló que en esta temporada esperaban un total de 525 recaladas de cruceros y buques.

¿Cómo fue la denuncia de Avellaneda? El año pasado, la provincia sancionó una ley que habilitó a usar los fondos del superávit del puerto para financiar la obra social provincial, algo que va en contra del convenio de transferencia Nación-provincia, que dispone que los ingresos del puerto no pueden nutrir las arcas provinciales sino que solo deben destinarse al puerto mismo.

Entonces, Avellaneda -según el Gobierno, junto a “otros actores y entidades que se nuclean en la actividad portuaria”- manifestó su “preocupación y rechazo” por la sanción de esta ley, y denunció que su aplicación “comprometería la operatividad, la autonomía financiera y el sustento institucional”.

Tras esa presentación del sindicalista ferroviario, la agencia nacional de puertos dispuso inspecciones técnicas a través de Vías Navegables en Ushuaia, que señalaron que la continuidad operativa del puerto dependía de mejoras en la infraestructura, y que además constataron esos supuestos déficits de obras. También pidieron documentación contable-administrativa que -según la agencia- dejó ver “una alta concentración en gastos de personal (55%) y en activos financieros orientados a préstamos (30%)” que configuraban un perfil de ejecución que "se apartaba parcialmente de las funciones operativas propias del ente provincial”. En otras palabras: que la plata del puerto no era destinada al puerto. El Ejecutivo provincial niega esta acusación: dice que la ley se sancionó pero que los fondos nunca se movieron a otros fines.

Por su parte, el Gobierno definió intervenir y Avellaneda -que inició las denuncias- fue ungido como el mandamás de la terminal.

Distintas voces Ejecutivas, legislativas y gremiales de la provincia consultadas por LA NACION aseguraron por estas horas que Avellaneda tiene larga trayectoria laboral en el puerto, pero que el gremio que conduce es “muy chico” y tiene ínfima representación dentro de la terminal, donde ATE negocia los convenios colectivos y aparecen también otras vertientes sindicales. Según el gobierno provincial, la intervención se hizo sin previo aviso y por la noche. En eso coinciden gremios que orbitan allí.

Después de ese procedimiento, que contó con asistencia de Prefectura y personal de la agencia nacional de puertos que viajó hasta Ushuaia, Avellaneda se presentó como la persona a cargo de la intervención in situ y el referente ante el gobierno nacional, más allá de que los hilos del procedimiento los lleva Arreseygor desde Capital.

En el Gobierno afirmaron que efectivamente es Avellaneda quien está a cargo de la operativa y que oficia como nexo entre Ushuaia y Buenos Aires, pero le restaron importancia a su origen sindical y a que haya sido él mismo quien efectuó las denuncias contra la conducción anterior, de la Dirección Provincial de Puertos. “Es el referente en la diaria y el enlace con el Gobierno”, aseguraron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada.

Dijeron, además, que la intención de dejar a Avellaneda al mando fue para respaldarse en personal de carrera que conoce la terminal. Ante la consulta de LA NACION sobre por qué el sindicalista quedó al frente, desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación indicaron: “La prioridad de la intervención es garantizar la continuidad de la operatoria, en el marco del pleno desarrollo de la temporada de cruceros, por lo que es central apoyarse en los trabajadores que conocen el puerto y su funcionamiento”.

Otras fuentes provinciales que son detractoras de la intervención contaron a este medio que Avellaneda es quien ahora escucha las quejas del resto de sus colegas sindicales, debido a que él junto a las otras 19 personas habilitadas por la resolución nacional están dentro del puerto, pero el resto de los trabajadores quedaron impedidos de ingresar. Por ahora, ese grupo liderado por Avellaneda fue autorizado por la resolución para tener cargos de mayor jerarquía. En el texto los nombraron como “personal idóneo” dispuesto a “garantizar la prestación de los servicios portuarios”.

Más de tres fuentes consultadas por este medio aseguraron que Avellaneda habría buscado adeptos entre los trabajadores del puerto días antes de la intervención para que la apoyaran. “Les preguntó quiénes querían estar. Pero, ¿qué tiene que ver Ferroviarios en esto? Él responde directamente a lo que le dicen desde Buenos Aires”, se quejó una fuente ejecutiva y otra sindical añadió: “Era peronista pero ahora es libertario”.

En las últimas horas, el portal Noticias Ushuaia publicó un altercado entre Avellaneda y otros empleados, que lo insultaban por andar “con guardaespaldas” y por “cagar” a sus compañeros. “El problema de ustedes es que están defendiendo a los otros pelotudos”, replicaba Avellaneda en la grabación, se supone que en relación a la administración anterior del puerto.

A la espera de saber qué destino tendrán el resto de los empleados, también apareció en distintos portales provinciales un video de un hombre que sería Avellaneda, durmiendo, supuestamente en las oficinas de la terminal. LA NACION le escribió al gremialista pero no respondió.

Fuentes ejecutivas y legislativas provinciales opositoras a la Casa Rosada tienen una doble sospecha: que la intervención podría estar vinculada a un negocio para amigos del poder o que habría una cuestión geopolítica detrás, acelerada por el rol de Estados Unidos en Sudamérica. En el Gobierno lo desoyeron y se enfocaron en alegar problemas administrativos y edilicios de la terminal.