Fentanilo: impunidad en dosis letales

La Justicia confirmó una cifra que estremece: 111 personas murieron luego de haber recibido fentanilo adulterado en centros de salud de distintas zonas del país. Son 26 víctimas más que las del atentado a la AMIA y 60 más que las de la tragedia ferroviaria de Once. No se trata de comparar números, sino de visibilizar una tan horrorosa como necesaria dimensión para comprender la magnitud de una catástrofe sanitaria sin precedentes, frente a la cual el Estado -en sus distinto poderes, capas y jurisdicciones- reaccionó con una alarmante falta de celeridad.

Pasado un año de la distribución del producto contaminado por parte del grupo HLB Pharma, el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak -cuya lentitud llama poderosamente la atención, así como que haya seguido adelante con la investigación a pesar del palmario conflicto de intereses por ser hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás KreplaK-, confirma ahora los decesos y agrega otro dato estremecedor: hay por lo menos 48 pacientes que sobrevivieron al fentanilo mortal que les produjo diversas secuelas, tanto físicas como psicológicas, cuya gravedad todavía debe ser determinada mediante nuevos peritajes del Cuerpo Médico Forense. Muchos otros habrán fallecido sin que se identifique la relación con este veneno mortal.

La causa, lejos de cerrarse, sigue abierta y acumulando pruebas que agravan el cuadro penal de los responsables. Están acusados de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con peligro para la salud pública, un delito que prevé penas de 10 a 25 años de prisión, entre otros, Ariel García Furfaro, dueño del grupo empresario proveedor de la droga, actualmente detenido; su hermano Diego, con prisión preventiva como coautor y decisor en la operación diaria; Javier Martín Tchukrán, coautor y director general; José Antonio Maiorano, director técnico, y Nilda Furfaro, madre de los anteriores, presunta partícipe necesaria y accionista minoritaria, bajo arresto domiciliario.

Otros imputados continúan el proceso sin prisión preventiva. Todos volverán a ser indagados una vez concluidos los resultados de nuevos peritajes.

Tan grave como la conducta de los empresarios ha sido la pasividad e ineficiencia del Estado. El fentanilo contaminado, producido por Laboratorios Ramallo, vinculado al grupo HLB Pharma, circuló por numerosos hospitales y clínicas. Las bacterias detectadas en los lotes generaron bacteriemias severas y fallas multiorgánicas que, en los casos más graves, provocaron la muerte de los pacientes.

No han aparecido explicaciones convincentes todavía respecto de cómo ha sido posible que un medicamento de altísimo riesgo haya logrado sortear controles elementales sin que nadie encendiera una alarma en tiempo y forma.

La Anmat, organismo clave en la fiscalización de fármacos, también quedó bajo la lupa. Muchos meses después del estallido del escándalo, el Gobierno decidió reemplazar a su titular, Agustina Bisio, alcanzada por la investigación penal. Su salida se dilató mientras se aguardaban definiciones administrativas, aun cuando la magnitud del daño ya era inocultable. En su lugar fue designado el mes último el médico Luis Fontana con la promesa de modernizar y transparentar los controles. El imprescindible cambio llega, otra vez, tarde.

Durante todo ese tiempo, salieron a la luz reuniones que no fueron informadas en su momento entre autoridades regulatorias y representantes de las empresas investigadas, separaciones discretas de funcionarios y una cadena de silencios que refuerza la sensación de desinterés y falta de apuro frente a una tragedia humana. Los familiares de las víctimas no hablan de un error, sino de una masacre. Razones no les faltan.

Como ocurrió en otros episodios oscuros de la historia sanitaria argentina, el fentanilo adulterado expone una combinación letal entre empresarios inescrupulosos, controles laxos o inexistentes y un Estado que mira para otro lado. Cuando finalmente actúa, lo hace empujado por el escándalo y no por la prevención.

Los deudos merecen respuestas. Los sobrevivientes con secuelas, reparación. Y el país entero necesita una señal clara de que delitos de esta magnitud no quedan atrapados en la telaraña de la burocracia, apelaciones eternas e impunidad.