La justicia estatal como esperanza

Colocar a las personas y a sus derechos como prioridad nacional. Esa frase es una buena síntesis de lo que establece el artículo 1º de la Constitución de nuestro país. Se trata de un artículo con una enorme fuerza axiológica que es ignorado con frecuencia, pero que es válido y vigente y, por lo mismo, debe ser observado.

Con la reforma judicial nacional —de la que no haré un alegato crítico en este texto— se cerró una época, se transformó un paradigma institucional y se sentaron las bases para una profunda transformación en la impartición de justicia en el país.

El portazo y la zancadilla institucionales generaron un pasmo nacional que no se superó con la elección de junio del año pasado. Por el contrario, el proceso electoral, la jornada y sus irregularidades, el perfil de las candidaturas ganadoras en los cargos más visibles y sus decisiones erradas y mediáticas provocaron desconcierto e indignación en amplios sectores de la población.

Las críticas se han dirigido —no sin razón— sobre todo al Poder Judicial de la Federación. He contado en otro espacio que un amigo abogado me compartió que la promesa que solía hacer a sus clientes antes de la elección judicial era que sus asuntos llegarían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que lograría sacar sus casos del ámbito local —de los tribunales de las entidades federativas— para llevarlos al ámbito nacional y concluirlos en el otrora tribunal constitucional.

Ahora, en cambio —me dijo—, ofrecería exactamente lo contrario e intentaría resolver sus casos en los tribunales estatales. La estrategia me pareció interesante, pero con objetividad le respondí que eso solo sería fructífero si se contaba con tribunales estatales sólidos, honestos y capaces. Por desgracia, ese no es el caso de la mayoría de los tribunales de las entidades federativas. Ello explica la desconfianza de la ciudadanía hacia los jueces, porque la justicia más próxima es la más deficiente.

No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Resulta que la reforma judicial abrió una oportunidad para que esa situación pueda cambiar. La Constitución ordenó una reforma judicial en cada entidad federativa. Si bien se establecieron algunas reglas que deben observarse —por ejemplo, la celebración de elecciones democráticas para elegir a los juzgadores—, también se asentaron principios que abren la puerta para diseños institucionales prometedores.

Algunos estados han desaprovechado esa ventana de oportunidad y han aprobado reformas que son calca de la Constitución federal. Es probable que el resultado sean poderes judiciales sin independencia ni capacidad técnica. En esas entidades las personas seguirán padeciendo una justicia incapaz de garantizar sus derechos.

Sin embargo, en otras entidades federativas se ha entendido que el marco constitucional reformado puede convertirse en una oportunidad. En Jalisco, por ejemplo, existe una iniciativa impulsada desde la ciudadanía que apuesta por mecanismos de selección y de capacitación para las candidaturas a los cargos judiciales que atemperaría los riesgos de la improvisación y el oportunismo.

Pero la propuesta más completa y prometedora que conozco es la que anunció el 5 de febrero, en el Teatro de la República, el gobernador Mauricio Kuri y que llamó “modelo queretano”. Se trata de un proyecto de reforma que, a la vez que contempla salvaguardas como las propuestas en Jalisco, apuesta por acercar la justicia a la vida cotidiana de las personas.

Con mecanismos reforzados de justicia cívica y con medios alternativos para solucionar los conflictos, el proyecto queretano apuesta por una cultura de paz y seguridad que no es nueva en el estado, pero que se busca reforzar sobre todo a nivel municipal. Con ello, la intervención de los tribunales se reserva para un tercer momento, solo en el caso de ser necesario. Además, la iniciativa busca brindar certeza y seguridad jurídicas a los actores económicos que invierten en el estado con instrumentos legales como el arbitraje. De esta forma, la apuesta es institucional, social y económica al mismo tiempo.

Todo ello sin confrontar, contradecir o desconocer lo establecido por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y para cumplir con el mandato de su artículo 1º: colocar a las personas y a sus derechos como prioridad.