La bancada de Movimiento Ciudadano (MC), encabezada por la diputada Ivonne Ortega, lanzó un reclamo a la fiscalía de Morelos y legisladoras para exigir transparencia y celeridad en el proceso judicial que enfrenta el actual diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Ivonne Ortega cuestionó la parálisis de la justicia en el caso Cuauhtémoc Blanco, que involucra una denuncia por presunta violación en grado de tentativa, interpuesta por la media hermana del exfutbolista a finales de 2023.
La diputada recordó que la exigencia de MC no es nueva, sino una lucha constante desde que las acusaciones salieron a la luz pública y enfatizó que el fuero constitucional no debe ser una “patente de corso” para evadir responsabilidades penales graves.
“Cuando salió la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco, pedí su desafuero. No quisieron. Entonces, ahora que nos digan que el proceso sigue... ¿Dónde está? ¿En qué va? ¿Por qué sigue con fuero?”, cuestionó Ortega en un video difundido en sus redes sociales.
Ante esto, Movimiento Ciudadano exigió a la Fiscalía de Morelos respuestas claras sobre el estado actual de las diligencias contra Blanco Bravo e insistió que el discurso gubernamental de igualdad ante la ley debe pasar de la retórica a la práctica.
Aunque la Fiscalía estatal solicitó formalmente el inicio del desafuero ante la Cámara de Diputados al final de la gestión de Uriel Carmona Gándara, la Sección Instructora determinó desechar el expediente por deficiencias en la investigación.
Esta decisión, impulsada por su presidente Hugo Eric Flores Cervantes, permitió que Blanco Bravo mantuviera su fuero, lo que para Movimiento Ciudadano representa un acto de encubrimiento institucional.
El diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, anunció que impulsará una iniciativa de ley para sancionar lo que denomina como “denuncias falsas” interpuestas por mujeres en casos de violencia de género.
El legislador argumentó que su propuesta busca proteger a hombres que han sido víctimas de difamación sin sustento, señalando que, al igual que él, muchos otros ciudadanos ven afectada su imagen y libertad por acusaciones que considera fabricadas.
Blanco enfatizó que, ante señalamientos que podrían derivar en penas de hasta 50 años, es necesario que la ley permita actuar legalmente contra quienes mientan ante las autoridades.
Estas declaraciones han generado una fuerte ola de críticas, particularmente en el marco del Día Internacional de las Mujeres, ya que sectores de la oposición y colectivos feministas consideran la propuesta como un intento de intimidar a las víctimas y perpetuar la impunidad.
La destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal de Morelos el 6 de febrero de 2025, tras una solicitud de la gobernadora Margarita González Saravia, marcó un punto de inflexión en el panorama judicial de Morelos.
En su lugar, el Congreso local nombró a Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien anteriormente, como consejero jurídico, ya había señalado irregularidades y presuntos desvíos por 40 millones de pesos durante la administración del exfutbolista.
Esta transición generó un intenso debate político; ahora está en manos de un nuevo fiscal, Fernando Blumenkron Escobar, nombrado por el Congreso de Morelos, tras la designación de Edgar Maldonado como secretario de Gobierno.

