Omán endurece las leyes antisoborno con penas de prisión más largas

Omán ha aumentado las penas de prisión por delitos de soborno y ha tipificado como delito penal la tentativa de soborno mediante enmiendas a su código penal, mientras el sultanato refuerza sus normas anticorrupción.

Los funcionarios que cobren sobornos serán ahora encarcelados entre tres y cinco años, según el decreto real emitido ayer el 29 de junio.

Los empleadores o empleados que acepten el soborno, aunque no lo hayan cobrado, se enfrentan a una pena de prisión de entre uno y tres años.

La tentativa de soborno, que antes no constituía un delito, también es ahora punible con entre tres meses y un año de prisión.

Esta es la primera vez que Omán establece específicamente penas de prisión para los casos de soborno.

"Se trata de la ampliación de la responsabilidad penal, el aumento de las penas de prisión y la penalización de las personas que ofrecen sobornos tanto en organizaciones empresariales como gubernamentales", señaló el decreto real.

El decreto no especificó el motivo de la extensión de las penas de prisión, pero los analistas afirman que la corrupción ha ido en aumento en el país y ha obligado al gobierno a incrementar las penalizaciones.

"El soborno y la malversación de fondos públicos han sido un [problema] silencioso que ha ido en aumento y que en gran medida no se denuncia. Ha sido una forma de enriquecimiento rápido para muchos funcionarios durante mucho tiempo", declaró Nasser Al Brashdi, director ejecutivo de la empresa de aviación Majan Investment, con experiencia en contratos y licitaciones gubernamentales.

El año pasado, la Institución de Auditoría del Estado de Omán informó de que había recuperado 58 millones de OMR (150 millones de dólares) en lo que describió como fondos malversados por funcionarios gubernamentales.

Hasta ahora, ha sido poco frecuente que los casos de malversación financiera o soborno se hagan públicos, tanto en el ámbito gubernamental como en las organizaciones privadas.

"La mayoría de los casos de soborno provienen de la obtención de contratos gubernamentales ofrecidos por contratistas a funcionarios", añadió Brashdi.

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