El ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió este lunes contra el municipio bonaerense de Pilar por la implementación de una nueva tasa municipal que recarga con un 2% el costo de las compras en supermercados.
“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, escribió el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X. El mensaje del ministro buscó exponer públicamente la medida del intendente Federico Achával.
El incremento aplicado por el gobierno local corresponde a la Tasa de Protección Ambiental, un canon del 2% que comenzó a regir este mes para los supermercados e hipermercados que operan en el municipio.
Hasta ahora, la tasa se calculaba con un monto fijo mediante un sistema de módulos que entre septiembre y noviembre había sido de $69, pero ahora la normativa cambió.
La Ordenanza Fiscal 2026 estableció que la base imponible pasará a ser el importe total de la operación, neto de IVA, y fijó una alícuota del 2%. Esto significa que quien compre en Pilar pagará un 2% más caro.
El ministro respaldó el comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que denunció públicamente la medida. “Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y de la industria”, subrayó Caputo.
La medida del municipio de Pilar llega en un momento en un momento delicado del Gobierno en el plano de la inflación: desde hace prácticamente medio año que el indicador no vuelve a la baja, y ya supera el 2%.
El episodio de Pilar no es un caso aislado. El ministro Caputo y el Gobierno nacional mantienen una confrontación constante con municipios y provincias por la aplicación de tasas que encarecen el consumo.
Según un informe sobre la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires, varios municipios bonaerenses registraron incrementos de tasas de hasta un 200%, lo que generó fuertes debates sobre su legitimidad.
El Gobierno considera que estas cargas impositivas locales van en contra de su objetivo de reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos. Además, señala que las tasas municipales suelen carecer de uniformidad: mientras algunos distritos imponen tasas bajas, otros aplican porcentajes elevados.
Esta batalla con los municipios se inscribe en el marco de la reforma tributaria que el Gobierno se apresta a presentar ante el Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
El presidente Javier Milei anunció que su equipo está terminando una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales. La propuesta busca simplificar el sistema tributario y devolver autonomía impositiva a las provincias.
La reforma incluiría la eliminación de impuestos de bajo impacto recaudatorio, con foco en tributos distorsivos como el impuesto al cheque y derechos de exportación.
En este contexto, las tasas municipales que encarecen el consumo representan un obstáculo para el plan del Gobierno de reducir la carga tributaria sobre los ciudadanos.
Por lo pronto, sectores de la oposición en Pilar ya preparan recursos de amparo para cuestionar la tasa. Reclaman que sea anulada y que se revise la estructura tributaria local. Alegan que en un contexto de pérdida del poder adquisitivo “no se puede seguir recargando el bolsillo de los vecinos con tasas que afectan el consumo básico”.
Las autoridades municipales, por su parte, aseguran que el tributo servirá para financiar obras públicas, mantenimiento de calles, infraestructura vial y otros servicios comunales. Desde la intendencia sostienen que la tasa es uno de los mecanismos “necesarios” para sostener los servicios municipales básicos.


