No ganamos, todos pierden: récord de recaudación fiscal 2025

El gobierno federal ha vitoreado la recaudación de 2025 de 4.6 billones de pesos como cifra histórica. Enaltecen, especialmente frente a 2024, las medidas del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) que, sin subir impuestos, lograron elevar la eficiencia recaudatoria.

Lo cierto es que, si bien estas cifras son un logro para financiar programas sociales, los medios para conseguirlas tienen altos costos para la población en general. Con ello nadie gana.

Con la caída sustancial del insumo del petróleo, los recursos públicos dependen del ingreso fiscal y este se encuentra hoy en un estancamiento real, mientras que el gasto público, también en términos reales, ha crecido un 50% desde el 2010.

Así, la deuda pública, temerosa de anunciar una reforma fiscal, está en un laberinto sin salida fácil.

Ante ello, el gobierno de Sheinbaum optó por atacar la evasión fiscal y, aunque ello es aplaudible, los rubros en los que se están concentrando los esfuerzos fiscalizadores del SAT y ahora de la ANAM han trasladado cargas desproporcionadas a sujetos intermedios, como lo son importadores y agentes aduanales, sin que ello se traduzca en mayor eficiencia del sistema ni en un combate efectivo a la corrupción y la opacidad dentro de las aduanas.

La verdadera evasión fiscal está en los factureros y empresas fantasmas que permiten lavar dinero o bien desviar recursos públicos para canalizar fondos gubernamentales fuera de su destino legítimo.

Esta evasión fiscal se debe combatir con inteligencia estatal a través de una cooperación interinstitucional entre fiscalías y las distintas entidades gubernamentales que permitan un cruce certero de información y la ejecución de estrategias probadas.

Mientras ello no se logre, los esfuerzos por perseguir a sujetos intermedios no lograrán mayores resultados ni soluciones de fondo y, por el contrario, seguirán abonando a las desigualdades estructurales, afectando principalmente a clases medias bajas y a los sectores más vulnerables.

Ejemplo claro de lo regresivas que pueden ser estas decisiones es la eliminación de la deducción de los seguros. Al impedir que las aseguradoras acrediten el IVA en indemnizaciones y servicios, existe un aumento directo de entre 10% y 20% en las primas de seguros de daños, autos, gastos médicos y vida.

No se trata de un impuesto nuevo, sino de una política fiscal que encarece los seguros. Esto afecta directamente a la población, que además está inmersa en un sistema de salud pública que sigue en franca deuda.

Así, a pesar de que Hacienda promete alcanzar en 2026 cerca de 6.4 billones de pesos en recaudación con una estrategia centrada en fiscalización para evitar una reforma fiscal, las medidas hoy implementadas pueden erosionar más que beneficiar al grueso de la población.

Es indispensable replantear la política fiscal y avanzar hacia medidas estructurales que beneficien al conjunto de la sociedad.

Por ejemplo, para aumentar la recaudación sin depender de gravámenes indirectos o cargas sobre consumo y servicios, que, por diseño, son regresivos para los sujetos intermedios, el Observatorio Fiscal de la Unión Europea ha impulsado desde 2024 un impuesto del 2% sobre la riqueza de los multimillonarios subtributados.

Ello permite corregir la baja tributación efectiva de los más acaudalados y mejorar la regresividad, evitando gravar dos veces la misma base. Esto, además, sin frenar inversión ni crecimiento, puesto que es un porcentaje menor al rendimiento típico de los grandes capitales (más o menos en el 7% anual).

Este panorama cobra relevancia frente a las cifras de desigualdad en México: el 1% más rico concentra el 35% de los ingresos totales del país (ENIGH 2024).

Por ello, una reforma fiscal progresiva y eficaz para financiar derechos sociales sin sacrificar el acceso a bienes y servicios básicos, como lo son los seguros de salud, es el punto de encuentro más razonable en términos de ingresos públicos.