El panorama legislativo de Utah se encuentra en el centro de un intenso debate tras el avance de un proyecto de ley denominado International Money Transmission Amendments. La iniciativa propone aplicar un nuevo gravamen a las transferencias internacionales de dinero enviadas desde el estado, lo que ha generado posturas divididas de cara a la sesión legislativa de 2026.

Cuál es la propuesta de ley que busca imponer impuestos al envío de remesas desde Utah

El proyecto HB 141, impulsado por la representante republicana Stephanie Gricius, contempla la creación de un impuesto del 2% sobre el monto total de cada remesa internacional enviada desde el estado, según la Legislatura de Utah.

Uno de los puntos clave de la HB 141 es que establece una distinción basada en la documentación del remitente, señaló Telemundo:

• Exención por identificación: los usuarios que presenten una identificación válida —como licencia de conducir de Utah o pasaporte— quedarían exentos del pago del impuesto al momento de realizar la transferencia.
• Crédito fiscal: quienes sí paguen el gravamen podrían solicitar un crédito fiscal no reembolsable en su declaración anual del impuesto sobre la renta, equivalente al total pagado por concepto de remesas durante el año.

El proyecto de ley HB 141 despierta argumentos a favor y en contra

Los promotores de la HB 141 sostienen que la medida busca combatir posibles actividades ilícitas vinculadas al envío de dinero al extranjero y garantizar que quienes utilizan estos servicios contribuyan al sistema tributario estatal, especialmente si no están plenamente integrados al régimen fiscal.

Sin embargo, organizaciones como la Financial Technology Association (FTA) y diversos grupos defensores de inmigrantes expresan su rechazo, a través de los siguientes argumentos:

1. Impacto en familias vulnerables: el impuesto podría afectar de manera desproporcionada a trabajadores migrantes que envían apoyo económico a sus familiares en el extranjero.
2. Mayor informalidad: existe preocupación de que el nuevo costo incentive el uso de canales no regulados para enviar dinero, reduciendo la transparencia financiera.
3. Carga administrativa: las empresas de transferencia tendrían que implementar mecanismos adicionales para distinguir entre clientes exentos y sujetos al impuesto.

Cuál es el estado actual y cuáles son los próximos pasos para este proyecto de ley

Tras recibir una recomendación favorable en los comités de la Cámara de Representantes a finales de enero de 2026, la propuesta fue aprobada en la Cámara Baja con una votación de 58 a favor y 15 en contra. El pasado 10 de febrero, el proyecto de ley fue enviado al Senado de Utah, donde actualmente se encuentra bajo revisión en el Comité de Reglas para su primera lectura, detalló Univisión.

El avance de esta legislación local coincide con discusiones a nivel federal sobre gravámenes similares, lo que coloca a Utah en la vanguardia de una tendencia nacional que busca regular y fiscalizar de manera más estricta el flujo de capitales hacia el exterior.

De aprobarse en el Senado y recibir la firma del gobernador, Spencer J. Cox, Utah se convertiría en uno de los pocos estados en aplicar un cargo específico a las remesas internacionales.

Qué otras medidas podrían afectar a los inmigrantes en Utah

Un grupo de legisladores de Utah puso a los migrantes en la mira para la sesión de 2026, a través de una serie de medidas que buscan endurecer las condiciones para los extranjeros indocumentados en el estado. Además del polémico impuesto del 2% a los envíos de dinero, también se destacan estas modificaciones, según KSL:

• HB 88: busca eliminar las llamadas “Tarjetas de Privilegio de Conducir”, que permiten a personas indocumentadas manejar legalmente y obtener seguro vehicular.
• HB 136: propone autorizar a la policía a confiscar vehículos conducidos sin licencia válida o sin la tarjeta de privilegio.
• Restricciones a beneficios públicos: se plantean límites adicionales al acceso a ayudas estatales para inmigrantes sin estatus legal.
• Requisitos de ciudadanía para votar: se discute exigir verificaciones más estrictas, particularmente en casos donde no se cuente con identificación REAL ID.