La ley de la selva: el ocaso del derecho internacional (parte 2)

La captura del presidente de Venezuela a principios de enero y el asesinato del líder supremo iraní el pasado 28 de febrero, en el que murieron más de 200 personas, implican una ruptura abierta con el derecho internacional. Estos episodios constituyen una violación flagrante de la soberanía y de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. No solo se intervino militarmente en países soberanos, sino que se eludieron los mecanismos legales existentes, como la inmunidad de jefes de Estado y el papel de los organismos multilaterales en la resolución de conflictos. Además, la ausencia de aprobación del Congreso de los Estados Unidos para estas operaciones viola el propio derecho interno estadounidense en materia de uso de la fuerza militar.

Es evidente que el trasfondo es abiertamente económico y extractivo. Casualmente Venezuela posee las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, e Irán la tercera. En relación a Venezuela, altos funcionarios estadounidenses han vinculado la operación con la necesidad de controlar las vastas reservas de petróleo venezolanas y asegurarlas frente a “adversarios” que podrían el usarlas contra intereses de Estados Unidos. El propio presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela hasta una transición “segura y ordenada” funcional a sus intereses, con participación directa de empresas petroleras estadounidenses.

En Oriente Medio, el avance sobre Irán de manera conjunta con Israel, apunta a influir en gobiernos locales y limitar la autonomía de actores capaces de alterar el status quo. Irán se asienta junto al Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial. Controlar —o al menos condicionar— ese paso equivale a tener la mano sobre el interruptor energético de la economía global. La disputa nuclear funciona como argumento legitimador de una estrategia más amplia: impedir que una potencia regional autónoma consolide influencia política y militar en una zona clave para el abastecimiento energético mundial. 

Tras los ataques, Irán ya cerró el estrecho. En menos de diez días el precio del crudo saltó casi un 25%. Si el conflicto escala el precio de la energía a nivel global continuará aumentando y generará presiones inflacionarias en cadena. No se trata solo de Medio Oriente: es un shock potencial con impacto sistémico. 

La clásica Doctrina Monroe, que proclamaba “América para los americanos”, parece haber vuelto con fuerza, reencarnada en la llamada “Doctrina Donroe”, un marco explícito para justificar la hegemonía estadounidense en el hemisferio y más allá.

En América Latina, además de Venezuela, la sombra de posibles intervenciones ha caído sobre Colombia, Cuba y México. Líderes estadounidenses han lanzado advertencias duras contra estos gobiernos, llegando incluso a sugerir hipotéticas operaciones si no se corrigen conductas consideradas “amenazantes” para Washington.

En el extremo norte, Trump no solo reavivó su antigua propuesta de “comprar” Groenlandia —territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca y estratégico por sus recursos minerales y su posición en el Ártico—, sino que llegó a insinuar que, si la vía comercial no prosperaba, Estados Unidos podría considerar medidas más directas para garantizar su control.

La ruptura con el derecho internacional es tan evidente que Trump propuso la creación de un “Consejo de la Paz” (Board of Peace) como alternativa al sistema de la ONU, una iniciativa privada que él mismo podría controlar y que desafía directamente al Consejo de Seguridad y a los mecanismos tradicionales de gestión de conflictos globales. La inmensa mayoría de los países rechazó sumarse por considerar que esta “junta” socava la legitimidad del orden internacional basado en normas colectivas. En contraste, los gobiernos que mostraron disposición a participar comparten un rasgo significativo: democracias frágiles, sistemas con escasos contrapesos institucionales o liderazgos fuertemente personalistas. Argentina es uno de ellos. 

Esa alineación no parece casual. Un foro diseñado al margen de las estructuras multilaterales consolidadas reduce controles, evita vetos incómodos y diluye exigencias jurídicas. El “Consejo de la Paz” representa un intento de reemplazar reglas comunes por acuerdos ad hoc, moldeables según conveniencia. En ese esquema, la noción de límites —ya sea el derecho internacional, la soberanía o la mediación colectiva— deja de ser un marco obligatorio y se convierte en una variable negociable. Lo que emerge no es una arquitectura alternativa de cooperación, sino un espacio donde la potencia convocante fija las condiciones y redefine, caso por caso, qué se considera legítimo. Trump se parece bastante a Pablito. 

Todas las miradas puestas en Estados Unidos

La deriva autoritaria de los Estados Unidos no solo se evidencia en la arena internacional, sino también en el plano interno. Los ataques a la prensa opositora, la polarización extrema, el cuestionamiento de los resultados electorales y, más recientemente, el accionar del Immigration and Customs Enforcement (ICE) socavan la tradición política estadounidense, históricamente caracterizada por el respeto a las instituciones.

El ICE se volvió el símbolo más visible de esta deriva autoritaria. Las imágenes de operativos masivos, detenciones violentas sin orden judicial incluso a menores de edad y el uso de la fuerza letal evocan escenas distópicas más propias de un episodio de Black Mirror que de una democracia consolidada. En enero de 2026, el caso del enfermero estadounidense Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, generó indignación nacional: fue abatido a tiros por agentes federales durante un operativo en Minneapolis mientras grababa la intervención y asistía a una persona afectada por gases lacrimógenos, según testigos y registros en video que contradicen versiones oficiales. Al menos ocho episodios más involucran a agentes del ICE disparando contra personas en cinco estados diferentes. Cuatro de esos casos terminaron con víctimas fatales.

La reacción social frente al autoritarismo gubernamental está en ascenso. En distintos puntos del país, comunidades organizadas lograron frenar redadas, bloquear vehículos federales y forzar suspensiones de operativos, mientras colectivos de derechos humanos impulsan demandas judiciales y campañas para recortar el financiamiento y el accionar del ICE. Si la dinámica continúa, la escalada de tensión social y la creciente presencia de civiles armados en las calles podrían profundizar un escenario de confrontación interna cada vez más hostil.

Con las elecciones intermedias en el horizonte cercano, la sociedad civil y los votantes aparecen como el principal contrapeso posible. El pueblo estadounidense quizá tenga el poder que no está teniendo la comunidad internacional para ponerle un freno al autoritarismo y al avance imperialista de Donald Trump. En ese terreno se juega no solo el futuro de la política estadounidense, sino también, en buena medida, el rumbo que tome la geopolítica mundial.

Barajar y dar de nuevo

La desigualdad y la pobreza extrema, el avance de los conflictos migratorios, las guerras y la persistencia de genocidios que siguen marcando a comunidades enteras, junto con el calentamiento global y la destrucción del medio ambiente a niveles casi irreversibles, nos obligan a repensarnos: ¿qué producimos?, ¿cómo lo hacemos?, ¿para qué y para quién?, ¿qué trabajos son esenciales para la supervivencia humana?, ¿cuáles mejoran nuestra calidad de vida y cuáles simplemente reproducen un sistema de exclusión? En el fondo, todas estas preguntas convergen en una sola, tan simple como urgente: 

¿Cómo nos organizamos como especie para poder vivir en comunidad y en armonía con el planeta?

¿Cómo podemos tolerar que el 1% más rico de la población mundial tenga más del doble de riqueza que el 90 % más pobre (6.900 millones de personas)? ¿Que día tras día 10 mil personas mueran por no tener acceso a la salud? ¿Que uno de cada cinco niños en el mundo no pueda acceder a la educación? ¿Que se exploten montañas y se contaminen miles de litros de agua para obtener metales preciosos destinados a alimentar el ego de una minoría privilegiada? ¿Que se arrase con bosques y selvas esenciales para la vida con el fin de aumentar la superficie de cultivo de alimentos transgénicos? ¿Que el avance de la tecnología sea una amenaza para millones de puestos de trabajo en lugar de una oportunidad para eliminar los trabajos precarios y mejorar la vida de millones de personas? ¿Que la ciencia y la tecnología sigan poniéndose al servicio de la industria armamentística para luego matar seres humanos? 

La globalización financiera impulsó la competencia fiscal internacional y la movilidad del capital, facilitando la expansión de paraísos fiscales, es decir, jurisdicciones con baja o nula tributación y altos niveles de opacidad que permiten a empresas y grandes patrimonios evadir impuestos. 

Para limitar la evasión y la elusión fiscal, la cooperación internacional resulta clave. Iniciativas impulsadas por la OCDE y el G20 promovieron el intercambio automático de información financiera entre países y el establecimiento de un impuesto mínimo global a las multinacionales. Estos mecanismos permitirían recuperar capacidad recaudatoria por parte de los Estados para financiar servicios públicos, infraestructura y políticas sociales, entre otros.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Naciones Unidas incluyen erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar un mínimo de bienestar para todas las personas del planeta. Hoy el mundo parece avanzar en sentido contrario. Para acercarnos a esos objetivos es necesario crear organismos internacionales que representen verdaderamente a los países subdesarrollados y que tengan capacidad de enforcement sobre aquellos que se desvían de los objetivos comunes. De lo contrario, quedan en meras declaraciones vacías y sin posibilidad real de concreción. Reconocer que las instituciones actuales son impotentes y exigir un cambio es el primer paso para revertir la situación, por más utópico que parezca.

Los recursos naturales alcanzan para que todos los habitantes del planeta accedan a una vida digna. A modo de referencia, con un 15 % del gasto militar podría erradicarse la pobreza extrema a nivel mundial. 

El aumento de la productividad y la capacidad de generar riqueza permitirían que la humanidad en su conjunto pueda tener un pedazo de tierra, un techo, un empleo digno y acceso a la salud y a la educación, el punto de partida mínimo para que cualquier persona pueda buscar su realización personal. El avance de la ciencia y la tecnología nos brinda una oportunidad única para que los trabajos insalubres y que nadie querría realizar sean asumidos por máquinas.

Otra realidad es posible, pero no emergerá de manera automática. Requiere voluntad política, imaginación institucional y, sobre todo, sociedades capaces de disputar el sentido del sistema y colocar el bienestar humano y ambiental por encima de la lógica de acumulación ilimitada. 

El mundo tal y como lo conocíamos ya no existe más. Las reglas del juego global se están reescribiendo, y es un momento clave para volver a preguntarnos qué mundo queremos construir. Repensar el orden internacional, reconstruir la cooperación y redefinir las prioridades productivas y distributivas no es solo una necesidad moral, sino también una condición para la supervivencia colectiva. La disyuntiva no es entre utopía y realismo, sino entre superación o profundización de las crisis existentes. 

El planeta en jaque: tiempo de repensarlo todo (parte 1)

El autor es economista jefe de FIDE. @pgaite5