En el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialistas y autoridades laborales advirtieron que cualquier intento de modificar el mecanismo laboral del acuerdo deberá partir de un principio básico: terminar con la asimetría en su aplicación entre los tres países.
Durante un foro “Transformaciones en el Derecho Laboral” organizado por De la Vega & Martínez Rojas, se abordó el tema de la revisión del tratado, Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), subrayó que uno de los principales consensos surgidos de las consultas públicas realizadas en México es que el país no debe aceptar cambios en el mecanismo laboral si antes no se corrige el desequilibrio existente en su funcionamiento.
“No se modificará el anexo ni una sola coma si no se acaba con esa asimetría”, afirmó al referirse al anexo que establece el funcionamiento del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
De acuerdo con Tamariz, en México se realizaron más de 30 foros con sectores industriales y encuentros en las 32 entidades federativas para analizar el desempeño del tratado. En materia laboral, la Secretaría del Trabajo coordinó los llamados diálogos sindicales para la revisión del acuerdo, en los que participaron más de 53 sindicatos, federaciones y confederaciones, además de recibir 13 documentos con propuestas sobre el funcionamiento del capítulo laboral.
Entre las conclusiones de estos ejercicios se identificaron cinco puntos centrales sobre el desempeño del capítulo laboral del tratado. En primer lugar, se reconoció que el mecanismo ha permitido detectar prácticas que aún persisten en México, particularmente casos de injerencia patronal en asuntos sindicales o discriminación antisindical. No obstante, se señaló que muchos de estos casos se concentran en sectores específicos de interés para Estados Unidos, como la industria automotriz y de autopartes.
En segundo lugar, se advirtió que el mecanismo no debe convertirse en una herramienta de proselitismo sindical. Según el especialista, en algunos casos recientes no existe una verdadera denegación de derechos laborales, sino intentos por promover sindicatos que no necesariamente cuentan con representación real dentro de las empresas.
Un tercer elemento que genera preocupación es la posibilidad de que, en la práctica, se esté generando una nueva forma de intervención en asuntos sindicales desde el exterior. Tamariz recordó que México ha buscado durante años superar las prácticas de corporativismo y la intervención gubernamental o patronal en la vida sindical, por lo que advirtió sobre el riesgo de sustituir esas prácticas por presiones externas.
Asimismo, se planteó la necesidad de revisar la actuación de los agregados laborales de Estados Unidos y Canadá en México, con el objetivo de garantizar que sus funciones se mantengan dentro de los límites establecidos por la diplomacia y por el propio tratado.
Sin embargo, el punto que concentró mayor consenso entre sindicatos y sectores consultados fue la necesidad de terminar con la asimetría del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. En la práctica, señalaron, el instrumento se aplica fundamentalmente a México, mientras que existen restricciones para su utilización en Estados Unidos y Canadá.
Este planteamiento, indicaron los participantes en el foro, no solo ha surgido en las consultas mexicanas. Durante el proceso de revisión del tratado en Estados Unidos se recibieron más de 1,500 comentarios, de los cuales 63 se refirieron al ámbito laboral, y varios coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor reciprocidad.
Incluso algunos sindicatos estadounidenses han manifestado que la reciprocidad debe convertirse en un principio central en la aplicación del mecanismo laboral del tratado.
En ese sentido, Tamariz explicó que existen dos posibles vías para alcanzar esa simetría: establecer condiciones similares para la activación del mecanismo en los tres países o eliminar los candados que actualmente limitan su aplicación en territorio estadounidense y canadiense.
Para México, agregó, este debate es especialmente relevante debido a las denuncias que reciben autoridades sobre presuntas violaciones a derechos laborales de trabajadores mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.
Por ello, concluyó, la revisión del tratado debe orientarse a garantizar un principio básico del derecho internacional: la reciprocidad. Mientras esa condición no se cumpla, advirtió, México no debería aceptar cambios al mecanismo laboral vigente.
“Antes de modificar una sola coma del anexo, debe eliminarse esa asimetría”, insistió

