Qué significa la reforma constitucional aprobada en El Salvador: Bukele avanza con la cadena perpetua
La estructura jurídica de El Salvador experimentó un giro radical con la aprobación de la reforma al artículo 27 de la Constitución. La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, habilitó la cadena perpetua para delitos graves. De esta forma, se elimina una restricción vigente desde la redacción original de la Carta Magna. Esta sanción se aplicará en casos de homicidio, violación y terrorismo.
El fin de los límites temporales de prisión
La ley salvadoreña, antes de este cambio, determinaba una pena máxima de 60 años de prisión para todo delincuente. La reforma elimina ese límite y posibilita que los sentenciados permanezcan en prisión indefinidamente.
El dominio casi absoluto de Nayib Bukele sobre el Poder Legislativo quedó evidenciado en la votación. De los 60 diputados, 59 votaron a favor de la medida, entre ellos algunos legisladores opositores que solían no estar de acuerdo con este tipo de medidas.
France 24 informó que esta decisión fortalece un modelo de seguridad que da más importancia al control del territorio que a las garantías procesales.
La infraestructura del encierro ininterrumpido
La puesta en marcha de la cadena perpetua necesita de una logística penitenciaria que pueda mantener a miles de prisioneros sin opción de salir.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 personas que se abrió en Tecoluca, es el lugar donde esta estrategia se lleva a cabo. Los internos viven en este establecimiento bajo condiciones de gran severidad, pensadas para el largo plazo.
Las celdas colectivas tienen alrededor de 100 prisioneros que pasan la noche en literas de metal sin colchones y bajo luces encendidas las 24 horas.
El ministro Gustavo Villatoro caracterizó la infraestructura como el monumento a la justicia que se necesita para que los delincuentes “no regresen a andar por las calles”.
Cuestionamientos internacionales y seguridad
La cadena perpetua entra en vigencia en paralelo a la difusión de informes sobre delitos de lesa humanidad bajo el régimen de excepción.
En los últimos cuatro años, el sistema punitivo actual de El Salvador ha resultado en la detención de más de 91.300 individuos.
- Eficiencia del modelo: el gobierno considera que el fuerte descenso en la tasa de homicidios hasta cifras históricas se debe a estas sanciones.
- Reclamos civiles: BBC Mundo ha documentado patrones de detenciones arbitrarias y al menos 500 muertes en custodia desde 2022.
- Ratificación exprés: el oficialismo tiene la posibilidad de ratificar reformas constitucionales en una sola legislatura, gracias a una modificación aprobada en enero de 2025. Esto elimina el equilibrio que existía antes de tener que esperar hasta un nuevo ciclo electoral.
El quiebre de la oposición política
Un detalle de la jornada fue el apoyo de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). El partido de derecha opositora sumó sus votos a la iniciativa de Bukele por primera vez en un cambio constitucional de esta magnitud.
La única voz disidente fue la de Claudia Ortiz, del partido Vamos. La legisladora denunció que la reforma se aprobó con dispensa de trámite y sin un estudio técnico que avale la cadena perpetua como solución a la criminalidad. Para Ortiz, el procedimiento violenta el estado de derecho al evitar el debate en comisiones.
Un mensaje de irreversibilidad política
El oficialismo busca que estas reformas sean de carácter permanente para evitar que futuros gobiernos reviertan la política de seguridad.
La Asamblea Legislativa ahora debe avanzar con cambios en el Código Penal y la Ley Penal Juvenil para armonizarlas con la nueva Carta Magna.
El presidente Bukele defendió la medida en su perfil de X y cuestionó a quienes critican el endurecimiento de las penas.
Con un control total de los tres poderes del Estado, el mandatario salvadoreño se destaca por difundir un esquema de mano dura que redefine los estándares democráticos y penales de América Latina.
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